"La única forma de evitar la reincidencia es que nos maten si es que no se consigue trabajo o una mejor vida"

Subido por canalNTN24 el 15/02/2012

Carlos Miranda, alcalde de Comayagua, aseguró que el sistema carcelario de Honduras está "totalmente colapsado". También dijo que es urgente invertir en el tema penitenciario.

"Es sumamente importante invertir en Honduras en el sistema penitenciario ya que el la criminalidad ha avanzado bastante", señalaba Carlos Miranda, alcalde de Comayagua, a una periodista del noticiero NTN24 de la Ciudad de Nueva York el día 15 de febrero. 


Realmente no se si estar de acuerdo. A ver: Invertir en el sistema penitenciario para ampliar las cárceles y poder "guardar" más personas reclusas, no. Invertir en el sistema penitenciario para disminuir la reincidencia y colaborar en mejorar la calidad de vida de quienes cometieron un delito, si.


Si atendemos a los datos provistos por el ILANUD (Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente), los sistemas penitenciarios en la región están colapsados y se infiere que existen muy pocas acciones reales de los Gobiernos para evitar la reincidencia de la población penitenciaria ya que esos sistemas son apenas un poco más que depositarios de personas. 


Hace algunos días, coincidiendo con la noticia del incendio en Comayagua, un recluso del penal de Tacumbú (Asunción, Paraguay), me decía que "la única forma de evitar la reincidencia es que nos maten si es que no se consigue trabajo o una mejor vida. Seguro que los prendieron fuego, no me extrañaría que a nosotros nos pase lo mismo". ¿Será que tiene razón?



Sin dudas es un desafío inmenso el de los sistemas penales que contribuyan a la construcción de una sociedad participativa y con oportunidades para todas las personas. Desafío doble para Paraguay que cuenta con una Ley Penitenciaria de los años 70's y, en consecuencia, atada a un modelo punitivo. En todo el continente no paramos de escuchar que los índices de criminalidad en la región se han disparado en los últimos años y estamos presenciando el agravamiento y el aumento, fundamentalmente en los montos de violencia de las diferentes conductas delictivas.

Bernardo Kliksberg, en  “El crecimiento de la criminalidad en América Latina: un tema urgente”, presenta datos que nos enfrentan a la dimensión de este problema cuando demuestra que en  América Latina hay 30 homicidios cada 100.000 habitantes por año.  Esa es una tasa que multiplica por seis la de los países que tienen una criminalidad moderada, como la mayoría de los países de Europa Occidental. La magnitud de la criminalidad en la región, ha determinado que sea considerada una criminalidad “epidémica”. Es la instalación de un problema estructural que se está propagando (Kliksberg, 2000).

La Doctora María Noel Rodriguez, de ILANUD, señalaba en una conferencia del IIDH (Instituto Interamericano de Derechos Humanos) lo siguiente: Es imposible dejar de observar que sin obviar las variables históricas, culturales, demográficas y otras, los índices de esa criminalidad, han subido paralelamente al deterioro de los indicadores sociales básicos en las últimas décadas. El gasto en seguridad está aumentando fuertemente en casi toda la región, y en economías como las latinoamericanas, dedicar proporciones tan importantes del producto nacional a este problema, implica un peso muy grande para la economía y una sustracción en gran escala de recursos que se necesitan con apremio para otras áreas.


El mismo artículo señala que en América Latina y el Caribe la pobreza se ha incrementado, se han elevado las tasas de desocupación, se presentan graves problemas de cobertura y acceso de amplios sectores de la población a servicios adecuados de salud pública, vivienda y educación y  ha aumentado el consumo y tráfico de drogas. Los estudios disponibles permiten ver asimismo como algunos componentes de este proceso de deterioro social inciden directamente sobre el aumento de la criminalidad, máxime considerando la selectividad con que operan nuestros sistemas penales, que fundamentalmente criminalizan conductas que atentan contra el bien jurídico propiedad y cuyos autores son personas provenientes de los extractos sociales más vulnerables y desfavorecidos.

Frente al crecimiento de la criminalidad y la violencia que ésta lleva implícita, se han planteado una gama de propuestas, entre las cuales es posible diferenciar dos grandes posiciones que tienen representación muy fuerte en el debate público y político de la región. (Kliksberg, 2002). La primera, a la que podríamos llamar “vía punitiva”, pone énfasis en adoptar medidas de acción directa, como por ejemplo: aumentar el número de efectivos policiales, modificar los Códigos Penales, -aumentando penas, tipificando nuevas figuras delictivas y acrecentando el uso de la pena de prisión-, reducir garantías, aumentar el gasto en seguridad, bajar la edad de imputabilidad, etc. El clima de alarma generalizada es propicio para la aparición de estas tesis extremas, que encuentran receptividad ante la desesperación y la necesidad de resultados urgentes.

La segunda, que podríamos denominar la “vía preventiva”, señala que el camino anterior es equivocado, y que a mediano o largo plazo los índices delictivos continúan aumentando. Refiere a atender las condiciones que producen criminalidad. El paradigma de la seguridad ciudadana con el consecuente diseño de políticas públicas de construcción de seguridad.


Loïc Wacquant (2000) en su obra "Las cárceles de la miseria",  hace evidente la preocupación por la amplia difusión del modelo de gestión punitiva de la miseria. La rápida y acrítica adopción de la doctrina de la "tolerancia cero" en Argentina (y modelo seguido en toda la región) es señalada con preocupación por el autor, quien recalca una vez más que su objetivo "es menos combatir el delito que librar una guerra sin cuartel contra los pobres y los marginales del nuevo orden económico neoliberal que, por doquier, avanza bajo la enseña de la ‘libertad’ recobrada".


La investigación determinará el motivo del incendio en el penal de Comayagua, y seguro que va a dar luz a situaciones que agravaron más el hecho y que ya conocemos (en Honduras y en toda la región): cáceles hacinadas, ausencia de sistemas hidrantes y planes de respuesta a emergencias, enfermedades infecciosas, depresión y consumo de estupefacientes, ausencia de programas de reinserción, altos niveles de desocupación en la instancia previa a la comisión del delito, etc. 


En un amplio porcentaje los penales latinoamericanos están abarrotados de personas que cometieron delitos menores, del tipo carroñero, e inmersas en la pobreza. Si bien es cierto que hay personas que tienen algún trastorno en la conducta que lleva a que produzca recurrentemente delitos o crímenes, no superan el 10% de la población carcelaria, y de todas maneras, un alto porcentaje de éstas puede ser tratada medicamente.


El desafío no es solamente aclarar los motivos del incendio, tender a los heridos y reparar oportunamente a las familias de quieres murieron en Honduras. El desafío real es sacarnos la careta y asumir de una vez el camino que se opte recorrer frente a la criminalidad en la región: combatir los motivos que llevan a situaciones en conflicto con la ley o combatir a quienes los cometen.