Reflexiones sobre idas y vueltas al respecto de la violencia contra las mujeres en Paraguay.
Por Andrés Vázquez*
Con esta frase, un líder campesino puso al descubierto la paradoja paraguaya de ser uno de los países que más ha avanzado en la teoría y el diseño de normas estructurales pro derechos de las mujeres y al mismo tiempo cuenta con una de las más altas tasas de impunidad frente a la violencia intrafamiliar y de género.
En medio de un conflicto relativo al derecho a la tierra en la frontera sur del país, un líder “carpero”[1] declaró en un canal de aire que gracias al lavado de ropa y la prostitución realizada por las mujeres que los acompañan, muchas de ellas sus parejas y aparentemente hijas, puede contar con el dinero necesario para las gestiones de reivindicación de su derecho a tierras productivas, incluyendo los viajes a Asunción y todas las gestiones que deban realizar, tanto en la capital del país como en otras ciudades del interior[2]. Una semana después de estos dichos, aun no se había realizado ninguna denuncia penal ni se había iniciado una investigación de oficio.
Sin entrar en detalles al respecto de las declaraciones de repudio, las manifestaciones de pedidos de investigación tanto del lado paraguayo como el argentino, en donde las mujeres ejercerían la prostitución cruzando la frontera, es interesante detenerse un momento a analizar el contraste que existe entre la expresión de deseo de la norma jurídica y la vida cotidiana en el Paraguay profundo.
Por cierto, no es el primer país en el que el conflicto entre la ley y la cultura jurídica plantea desafíos cotidianos. Pero el caso de Paraguay parecería ser un poco más grave de lo normal, ya que, como en una Mamushka, la arraigada cultura machista y androcéntrica, permea una a una las distintas realidades sociales del país permitiendo el reinado de la impunidad frente a todas las formas de violencia contra mujeres y niñas. Y esto, en los 14 años que llevo en Paraguay, no ha cambiado de fondo casi en nada.
Veamos el contexto. Paraguay es un país poblacionalmente joven, con poco más de 6 millones de habitantes, pobre, con uno de los mayores índices de desigualdad en acceso a la riqueza, servicios y a la justicia del mundo. Casi todas las cifras del país marcan extremos, sin embargo esto no ocurre frente a algunos datos y escenarios clave para reivindicar derechos de las mujeres. La distribución por sexos en la población es pareja con un 51% de hombres y un 49% de mujeres[3], es uno de los primero países en haber garantizado la igualdad de hombres y mujeres en su constitución y en contar con normas formales de cuotas femeninas en para la participación política.
De hecho, el único tratado internacional de derechos humanos firmado durante la dictadura de Stroessner (1954-1989) fue la Convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer en 1987, un dato no menor considerando que, como en todas las de la región, casi las únicas mujeres cercanas al poder lo eran en su gran mayoría en el ámbito del entretenimiento o en tanto y en cuanto se relacionaran sexual, o al menos sensualmente, con los cuadros militares de turno, al tiempo que las restricciones de acceso a derechos y oportunidades se ubicaban detrás de normas moralistas con un ejemplo de mujer que se ocupaba del hogar.
En términos legislativos, el país cumple con todos los parámetros esperados para un país a la vanguardia en cuanto al cuerpo normativo en el marco de derechos humanos y en especial, de los derechos de las mujeres.
Así es como se cuenta ya con el tercer plan de igualdad de oportunidades entre las mujeres y hombres, en etapa de diseño, la primera Secretaría de Género del Poder Judicial de la región, una ley especial que incluye medidas cautelares para responder a situaciones de violencia intrafamiliar, y, entre otras herramientas e instancias, un comité interinstitucional e interministerial para responder a la violencia contra las mujeres. Sin embargo, cuando hay que hablar de femicidio, de derechos sexuales y reproductivos, de una ley que sancione actos discriminatorios o de investigación y sanción penal a casos de violencia contra la mujer, parecería que estamos en un país completamente diferente. Es como si el país tuviera una crisis de personalidad. Una doble vara con la que se mide la misma realidad.
No estaba muerto, estaba de parranda
La débil respuesta institucional efectiva a las situaciones de violencia contra las mujeres y las niñas en Paraguay tiene una profunda relación con la cultura machista. Y los números así lo demuestran.
El 80% de las llamadas de auxilio del Sistema 911 de la Policía Nacional está relacionado con violencia intrafamiliar y de género. En el año 2010[4] superó a las 19,000 llamadas de auxilio. En ese mismo año, la nobel División de Atención Especializada a Víctimas de Violencia[5] de la Policía Nacional (DAEVV) atendió a 2745 casos y el resto de las más de 900 comisarías de todo el país, solo a 347. Si bien se reciben denuncias de violencia que tienen con víctimas a personas de ambos sexos, casi el 90% de quienes son víctimas de violencia doméstica e intrafamiliar, son mujeres y niñas. De todas las denuncias recibidas de violencia intrafamiliar, menos de 200 fueron derivadas a instancia penal y se expidieron 1070 medidas cautelares, para garantizar protección inmediata, en el ámbito civil. La medida cautelar más común es la prohibición de acercamiento. La DAEVV, haciendo seguimiento a las denuncias, llegó a verificar hasta tres meses de demora para el dictamen de una medida cautelar.
A decir de las mismas víctimas, todo el sistema atenta contra la denuncia de una mujer: primero hay que convencer al policía de que no es una situación aislada de acción penal privada y que no es culpa de la mujer, luego al juzgado de paz para que la medida cautelar sea rápida y de cumplimiento efectivo, y luego al agente fiscal correspondiente para que no se minimice el caso y se investigue a fondo[6].
Algo similar, ocurre con otras instancias que atienden formas típicas de violencia contra las mujeres, como en el caso de Trata de personas y de investigación relacionada con explotación sexual y delitos conexos a la explotación: legislación que condena estas formas de violencia pero no la suficiente infraestructura para la investigación penal, la contención y respuesta psicosocial, y la efectiva sanción penal a las personas responsables.
A pesar de que un reciente trabajo de investigación[7] demuestra que comienzan a ser cada vez más comunes las sentencias judiciales que cuentan con perspectiva de género y de derechos humanos, esto por el momento es mayoritariamente en segunda instancia.
Pero, si se tienen las leyes y los compromisos internacionales necesarios han sido asumidos ¿por qué sigue habiendo tanta impunidad en la respuesta a la violencia intrafamiliar y de género en Paraguay?. La respuesta parece haberla dado Victoriano López, cuando, a modo de bofetada desfachatada asume que está bien que la mujer se prostituya para pagar las deudas de los hombres y no se ve como violento que lo haga.
El problema de la impunidad frente a violación de derechos de las mujeres en Paraguay, está en la implementación efectiva de normas y procedimientos que den forma lo que dicen las leyes: o no existen, o cuando existen y no se cumplen, pareciera que a casi nadie le importa.
Difícil es que las mujeres se animen a denunciar abusos frente a la violencia cuando son tan bajas las posibilidades de éxito. La ley no influye en la denuncia y su investigación, pero la cultura sí. Y es que, como en el caso del chiste del que creían muerto y realmente estaba de fiesta en fiesta y era por eso que no aparecía, la cultura machista sigue viva en Paraguay.
*Andrés es Vicepresidente de Fundación Justicia y Género Cono Sur. Periodista, comunicador y jurista especializado en derechos humanos y respuesta institucional a situaciones de violencia hacia personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad. Fundador del blog Ideas de Derecho y de la Consultora CEDH (Paraguay). Fue responsable del diseño, capacitación e instalación de la División de Atención Especializada a Víctimas de Violencia contra la Mujer, Niñas, Niños y Adolescentes de la Policía Nacional de Paraguay para la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, de la redacción de la Resolución 256/11 de la Policía Nacional para el abordaje de casos de Violencia Intrafamiliar y de Género y creador del Sistema 137, SOS Mujer, de Atención telefónica a mujeres víctimas de violencia para la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República del Paraguay.
[1] Voz local para señalar a las personas que realizan distintos tipos de reclamos de reivindicación de derechos por medio de la instalación de asentamientos precarios, originalmente en carpas improvisadas de plástico o tela.
[2] Las declaraciones fueron realizadas por Victoriano López, gestor a cargo de las negociaciones entre los campesinos y las autoridades gubernamentales ante el Canal 9 SNT y fueron emitidas en Informativo del mediodía, el jueves 26 de enero de 2012. Enlace: http://www.youtube.com/watch?v=nBwSYZX1mCQ
[3] Dirección General de Encuestas Estadísticas y Censos http://www.dgeec.gov.py
[4] Los datos de 2011 aun se encuentran en proceso de análisis. Por primera vez se espera unificar todos los registros de información desde el proyecto de la Secretaría de la Mujer llamad RUVIG (Registro Único de Violencia Intrafamiliar y de Género)
[5] La División de Atención Especializada a Víctimas de Violencia contra la Mujer, Niñas, Niños y Adolescentes fue creada en enero del año 2009 e inauguró su primera oficina el 24 de Febrero de 2010. Si bien todas las comisarías del país deben atender denuncias de violencia intrafamiliar y de género, la creación de esta División supone la implementación de técnicas especializadas de entrevista, espacios preparados para una atención sin victimización y actividades distintivas de prevención, sensibilización y asistencia comunitaria. Cuenta con 3 oficinas para la Ciudad de Asunción, la Capital del país, y otras 3 oficinas en el interior en Ñemby, periferia de Asunción, en Villarrica y en Encarnación. Llegó a contar con casi 300 efectivos y originalmente se debían instalar 10 más para el año 2011. Al momento, se mantienen las seis oficinas iniciales y el personal asignado se redujo a más de la mitad.
[6] El caso Vera-Trotte ocurrido en el mes de Junio de 2011, que alcanzó repercusión internacional, dejó al descubierto una serie de fallas en el procedimiento que, de no haber existido, se presume podrían haber evitado el feminicidio. Entre las irregularidades detectadas, no se consideró relevante la amenaza de muerte del marido, las denuncias realizadas por familiares de la víctima se minimizaron y el juzgado de paz que debía resolver una medida cautelar “durmió” el expediente dos meses en espera de la audiencia. Una de las críticas más comunes es que tanto en las comisarías como en los juzgados de paz se busca la mediación y conciliación en los casos de violencia intrafamiliar, a pesar de estar prohibido por la ley.
[7] Schvartzman-Cáceres-Centurión-Rivaldi (2011) Tribunales que juzgan con perspectiva de género. Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economía Política de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (CIDSEP – UC).
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