La experiencia internacional demuestra que el problema de los adolescentes en conflicto con la ley penal no se resuelve llenando las cárceles de niños y niñas a edades cada vez más tempranas, es fundamental que el Estado fortalezca las políticas públicas para la promoción de los derechos sociales, económicos y culturales de toda la ciudadanía de forma a prevenir el involucramiento de adolescentes en hechos penales. La situación de los adolescentes en contacto con el sistema penal juvenil evidencia fallas en las políticas públicas del país. Es necesario lograr mejorar las situaciones como el desempleo y el subempleo, la escuela expulsora, entornos familiares destruidos por migraciones u otros motivos. Así como el problema emergente de la adicción al consumo de drogas, especialmente del Crack, que debe implicar el fortalecimiento de los programas desde el Estado de prevención, tratamiento de los jóvenes adictos y el combate al micro tráfico. Para muchos adolescentes la privación de su libertad surge como una consecuencia de una sistemática falta de protección, ya sea desde el seno familiar o del Estado, se ven forzados a buscar alternativas que mejoren su calidad de vida y la de su familia. En esta búsqueda, se encuentran en la mayoría de los casos con soluciones aparentemente fáciles, como robos y tráfico de drogas. Generalmente, detrás de estas situaciones hay un adulto o alguien cercano "bien dispuesto a ayudarlos", que los introduce en el mundo de la delincuencia. Una vez que ingresan a los centros de privación de libertad la vida les cambia para siempre. La experiencia internacional ha demostrado que esta práctica se constituye en muchos casos en una escuela para delinquir, desarrollar adicciones y cometer delitos peores, y no precisamente en una escuela que les brinde una educación y la protección adecuada que les permita aumentar sus posibilidades de lograr una efectiva reinserción en la sociedad. Está probado que es una falacia afirmar que solamente con acciones como la privación de libertad los delitos disminuyen y la seguridad ciudadana aumenta. Actualmente existen en el país 251 adolescentes privados de libertad. Muchos de ellos a la espera de una condena (menos del 10% la tiene) y sin saber cuánto tiempo estarán recluidos. Según el Código de la Niñez y la Adolescencia, basado en los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño/as, los adolescentes entre 14 y 18 años no son impunes y están en condiciones de asumir su responsabilidad penal, respetando su carácter de sujetos en desarrollo. En cambio, los menores de 14 años que comenten delitos no son imputables penalmente y deben recibir apoyo de los organismos del Estado responsables de su protección mediante la aplicación de medidas socioeducativas. Es preciso tener en claro que la mayoría de las veces detrás de estos niños/as hay adultos que los "utilizan". Por tanto, el Estado y la sociedad deben encontrar mecanismos para identificar y sancionar a los adultos, sean terceras personas o los mismos padres. Ante esta situación, en primer lugar, es preciso insistir en que la privación de libertad debe ser el último recurso. Por lo que es necesario fortalecer las medidas alternativas a la privación de libertad, que permiten dar un acompañamiento al adolescente durante un tiempo realizando trabajos comunitarios sin abandonar la escuela, de modo tal a comprender que el mal realizado tiene una pena. El Estado tiene la responsabilidad por ley de otorgar las medidas alternativas y darles seguimiento. La sociedad civil posee también un papel preponderante para que dichas medidas puedan hacerse efectivas pues involucran servicios y acciones en la comunidad. Aún falta definir qué instancia del Estado paraguayo será la responsable de establecer la forma concreta en que las medidas dispuestas por el juez/a serán implementadas por los adolescentes infractores como mecanismos educativos y de reinserción social. Avanzar en estas definiciones es clave. Si bien hay consenso sobre los avances que se han logrado en cuanto a las condiciones de privación de libertad de los adolescentes, aún quedan desafíos pendientes en temas de calidad en la educación, atención a la salud, tratamiento de las adicciones y utilización del tiempo libre dentro de los centros de detención. También, es necesario avanzar en la especialización del Sistema de Justicia Penal de Adolescentes, a través de una mayor asignación de recursos y capacitación de los operadores. Muchos adolescentes no cuentan con defensa oportuna y especializada. | ||||
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