Millones de personas están expuestas a situaciones de explotación o a la vulneración de sus derechos cuando son traficadas ilícitamente en todo el mundo. Además de ratificar normas internacionales de derechos humanos, muchos Estados están desarrollando acuerdos de cooperación para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes, pero: ¿para defender a quién?.
“Asesinato de personas migrantes en México”, “Se hunden pateras intentando ingresar a España”, “Reclutamiento de mujeres en Colombia para enviarlas a Centroamérica y China a ejercer la prostitución”, “En casi todo el mundo hay familias o madres solteras que entregan a sus niños y niñas para que otra familia o una institución los críe en una situación mejor”. Algunos de estos titulares se han vuelto tan comunes que poco a poco los vamos naturalizando. El problema no es que una persona los naturalice, el problema es cuando sociedades enteras lo hacen o cuando lo hacen los Estados, ya sea para minimizar el hecho (y su responsabilidad) o para proteger intereses distintos a los derechos de las personas.
Si bien, cuando una persona trata de ingresar a un país ilícitamente está violando una ley, es necesario considerar que la mayoría de las veces, quien decide hacerlo, lo hace porque existe toda una infraestructura que lo permite y porque, probablemente, sea la última salida en su estrategia de supervivencia para escapar de la pobreza (muchas veces extrema), de conflictos sociales, conflictos armados o motivos de persecución. “No tener papeles, no significa no tener derechos”, decía Irene Khan, Secretaria Internacional de Amnistía Internacional, en Tenerife, España, en el año 2008. Y tiene razón.
La cuestión que no se tiene que perder de vista es que el bien jurídico que se debe proteger es la persona. Es decir, si por ejemplo se desmantela un taller de costura ilegal en Buenos Aires o un casino ilegal que además ofrecía servicios sexuales; el punto central no es que estos lugares posiblemente estaban evadiendo impuestos, sino que en estos lugares había un conjunto de personas indocumentadas que estaban siendo explotadas.
En los últimos años, varios Estados han iniciado procesos de cooperación para luchar contra el tráfico de personas. Muchos ponen como ejemplo el proceso y sistema de investigación de Estados Unidos. En el MERCOSUR, Bolivia y Chile; Brasil y Ecuador; México y Estados Unidos, son algunos países que han firmado acuerdos que buscan combatir el tráfico ilícito de migrantes; pero en la práctica son convenios de cooperación policial o fiscal que terminan “resolviendo” que existen personas no nacionales sin la correspondiente documentación. Esto ocasiona que las víctimas sean repatriadas, en algunos casos, sin asegurarse si realmente la persona desea volver a su país de origen, si en realidad es seguro su regreso o si de esta manera se está atacando el problema de fondo.
De acuerdo a una investigación de Ibett Estrada(1), en México (el país de la región latinoamericana más afectado por el tráfico ilícito de migrantes) sólo el 5% de los estudios sobre grupos organizados estaba relacionado con el tráfico de seres humanos a mediados de la década pasada. Mientras del otro lado de la frontera, en Estados Unidos, se recrudecen cada vez más los controles migratorios y se hacen cada vez más fuertes las campañas de grupos anti-inmigración.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, aseguró el pasado 8 de julio, que el crimen organizado es una “amenaza” al Estado (de México) y a la democracia, debido a los altos índices de actos violentos y cada vez más brutales. En la misma presentación señaló, que Estados Unidos es el principal consumidor de droga y abastecedor de armas dentro y fuera de México, y remarcó que “debe hacer un esfuerzo adicional para que el pueblo de este país esté seguro”.
Ya no se habla sólo de programas de desarrollo para luchar contra la pobreza como estrategia transnacional de prevención y combate al tráfico ilícito de migrantes. Las declaraciones de Pillay topan un punto delicado en las negociaciones para el establecimiento de políticas bilaterales de combate al tráfico ilícito de personas, junto a otras formas de crimen organizado: ser igual de rigurosos al momento de controlar el dinero generado por este tipo de delitos, tal como se persigue a los migrantes en situación irregular.
Hasta que las políticas transnacionales de tráfico de personas no pongan el mismo empeño que ponen en el control migratorio, en el control de los depósitos en bancos internacionales o en la investigación del origen de las fortunas de quienes compran grandes propiedades en Miami, material bélico en Texas y Arizona o bienes en Nueva York, poco se puede hacer para combatir de forma real el tráfico de personas en la región.
Andrés Vázquez
Miembro del Consejo Consultivo
Mesa de Trabajo sobre Migraciones Laborales (MTML)
Asunción, Paraguay
(1) “Tráfico de seres humanos y delincuencia organizada en México: mejores prácticas de nvestigación y combate”, en Terrorismo y delincuencia organizada. Un enfoque de derecho y economía, Roemer, Andrés y Edgardo Buscaglia, Compiladores, México, UNAM - Instituto de Investigaciones
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